Por Leticia Villaseñor
Cuernavaca, Mor., 11 de junio.- Candidatos a diputaciones federales anunciaron impugnarán el proceso para que se anule y exigen la repetición del mismo pero a través de un plebiscito, sin la intervención de institutos a los que calificaron de entreguistas con el gobierno.
Alfonso Barrera Urióstegui, del Movimiento Regeneración Nacional (Morena); Francisco Javier Espinosa Olalde, de Movimiento Ciudadano (MC) y Gerardo Arrieta Fuentes, del Humanista, ex candidatos a diputados federal por el primer distrito, declararon, en rueda de prensa, que interpondrán una denuncia en contra del instituto Nacional Electoral así como la impugnación de las candidaturas de los diputados locales Javier Bolaños Aguilar, de Acción nacional y diputado federal electo del primer distrito federal; la perredista Teresa Domínguez Rivera; el recién adherido a Nueva Alianza, Héctor Salazar Porcayo; la perredista Lucía Virginia Meza Guzmán, diputada federal electa del tercer distrito federal y de Arturo Flores Solorio, quien contendía al segundo distrito federal por Morena.
A decir del abogado Barrera Urióstegui, el recurso de impugnación lo presentaron ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de la PGR, su argumento es que “a pesar de que la ley electoral permite la postulación de un representante en funciones de alguno de los Poderes, hay contradicciones ya que el artículo 11 de la ley general electoral fracción tercera estipula que si se usan los recursos del Congreso del estado, son de dos a nueve años de prisión”, señaló.
La acusación se basa en que personas que tienen recursos del estado no pueden hacer proselitismo a favor de un partido, lo que no aplicó con los cinco diputados locales, y cuando había vedas de campañas se presentaron como diputados locales mencionando sus funciones y acciones.
Además, según su dicho, hubo suspensión de sesiones del Congreso debido a su ausencia, por lo que dicha institución pagó sus campañas. Arrieta Fuentes cuestionó en calidad de qué estos representantes atendieron a la gente, como diputados o candidatos; cuándo trabajaron durante 45 días anduvieron en campaña y entonces por qué cobraron, cuestionaron.
El suelo no fue parejo, denunció Javier Espinosa, “a sabiendas de los abusos de las autoridades estuvimos en el Congreso, solicité información del uso de teléfonos, personal, automóviles, y recibí en respuesta que todo se encontraba en el portal de internet, sin embargo no había nada de lo solicitado”.
También hablaron sobre lo dispar en los criterios del Instituto Nacional Electoral, ya que mientras ellos denunciaron el rebase de campaña ante los innumerables espectaculares dispuestos en la entidad, a ellos se les fiscalizaba hasta el último detalle y ejemplificaron con la compra de mil playeras las cuales el instituto las tasó en 26 pesos, “en contraparte, ellos –sin aclarar candidato o partidos-, entregaron una factura de los espectaculares por 600 mil pesos cuando el gasto ascendió a millón y medio, sin embargo el INE la dio por buena”, detalló Barrera Urióstegui.