Por Justino Miranda
CUERNAVACA, Mor., 22 de septiembre.- Legisladores del Congreso de Morelos revisaron las ternas enviadas por el Poder Ejecutivo para elegir a los comisionados que analizarán los casos de las víctimas del delito y definir la reparación del daño.
Desde julio de 2013 el Congreso del estado aprobó por unanimidad la Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos, cuyo objetivo es resarcir el daño que hayan sufrido aquellos ciudadanos víctimas de algún delito o de la violación de sus derechos.
Sin embargo, la adecuación Constitucional no puede aplicarse porque no existe la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención y Reparación a Víctimas, que debe integrarse mediante la elección de ternas enviadas por el Ejecutivo.
Las propuestas fueron mandadas por el gobernador recientemente pero provocó inconformidad por parte de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, cuyos titulares protestaron porque el Ejecutivo no envió los perfiles de los candidatos propuestos por esas instancias.
Sin embargo, este lunes los diputados de las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos y la de Seguridad Pública, revisaron nuevamente las ternas enviadas por el Ejecutivo local y acordaron colocar el asunto como prioritario en la agenda legislativa.
El diputado Matias Nazario Morales, presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos dijo que las comisiones alcanzaron consensos para que la propuesta sea analizada por los coordinadores parlamentarios del PRI, PAN, PRD, PT, PVEM, Nueva Alianza y Partido Social Demócrata y Movimiento Ciudadano y de ahí enviarla a pleno para su discusión y posible aprobación.
En la reunión de comisiones analizaron las correcciones a las ternas y ahora comenzará el análisis para elegir a los cinco integrantes de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención y Reparación a Víctimas.
Para la ejecución de la reparación del daño hay un presupuesto etiquetado de 53 millones de espesos.
En julio de 2013 la Ley atravesó conflictos en el seno Legislativo y fue necesario una reunión privada entre el secretario de Gobierno, Jorge Messeguer Guillén, la bancada parlamentaria del PRI y su delegado nacional Jorge Rojo.
Luego de la reunión los ocho diputados priistas, principal bloque de oposición, así como 4 diputados del PAN y uno del PSD, el grupo parlamentaria del PRI emitió un comunicado y adelantó su voto a favor de la iniciativa.
La ley reconoce como víctimas aquellas personas físicas que individual o colectivamente sufran algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional o, en general, cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a los derechos humanos.
De acuerdo con el dictamen aprobado la calidad de víctima se adquiere con la acreditación del daño, independientemente de que se identifique, aprehenda o condene al responsable del daño, o de su participación en algún procedimiento judicial o administrativo.
Dicha calidad tampoco se pierde al existir algún nexo entre la víctima y una persona condenada o vinculada a una investigación por comisión de un delito.