Las familias de los dos hombres linchados en el municipio de Huitzilac el pasado 29 de septiembre, ratificaron la queja que inició la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) por presuntas omisiones del gobierno del estados al no intervenir para evitar el homicidio.
En un comunicado la CDHEM, informó que a las familias se les comunicó además del acuerdo del organismo que les otorga la Calidad de Víctmas Directas de los finados así como de Víctimas Indirectas, previa acreditación del parentesco.
La medida precautoria que se emitió en su favor, está también dirigida a la Fiscalía General del Estado y a la Comisión Estatal de Seguridad, con el objeto de salvaguardar su vida y su seguridad personal, mientras que la CDHEM les acompañará para que la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas estatal, los ingrese al Registro Estatal de Víctimas y el acceso al Fondo de Asistencia, Ayuda y Reparación Integral.
El organismo defensor de los derechos humanos estableció que posterior a los hechos victimizantes que pueden constituir violaciones graves a derechos humanos, así como delitos cometidos por servidores públicos, se dio vista a la Fiscalía General del Estado, así como a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción sobre la inobservancia del Protocolo de actuación para la prevención y atención en casos de Linchamiento del Estado de Morelos, el cual es el instrumento idóneo para prevenir hechos de violencia colectiva, como el ocurrido en Huitzilac en donde la población roció de combistible a los hombres y les prendió fuego al acusarlos de intentar robar o plagiar a una menor.
El Protocolo de Actuación para la Prevención y Atención en Casos de Linchamiento del Estado de Morelos, comunicó la CDHEM, es resultado de la Recomendación número CDHM/SE/VRO/061/108/2018 emitida por ese organismo y dirigida a la Comisión Estatal de Seguridad, la cual atiende un caso de linchamiento en el municipio de Tetela del Volcán Morelos.
Sin embargo, acusa, que ha sido evidente que a más de dos años de haber entrado en vigor dicho protocolo, el personal de la CES no ha sido capacitado para su implementación y a consecuencia de dicha negligencia, ahora hay dos personas más víctimas de homicidio y violaciones graves de derechos humanos.