Por Oswald Alonso
Son tiempos de hacer uso del derecho a la verdad. Jesús Alberto Capella Ibarra, responsable de la seguridad en Morelos, junto con el gobernador Graco Ramírez, y el fiscal estatal, Rodrigo Dorantes Salgado, están obligados a transparentar las razones de su pleito dentro del gabinete de seguridad, máxime que los resultados que obligados están a dar en materia de seguridad y procuración de justicia, están en entre dicho.
Algo pasa, nos están ocultando una verdad oficial; se trata de actos en el ejercicio público que tienen una consecuencia legal sobre los ciudadanos. Revisemos.
El fiscal estatal Rodrigo Dorantes Salgado, dijo a manera de queja para que escuchara el gobernador perredista Graco Ramírez, que no lo estaban dejando trabajar y que alguien en el gabinete estaba promoviendo su salida. Hablaba de Jesús Alberto Capella.
Para generar su destitución, dijo Dorantes Salgado, Capella se alió con algunas organizaciones de abogados para desde ahí pedir su sustitución. En lo hechos así ocurrió. Circunstancialmente, organizaciones empezaron a pedir al gobernador que la terna que enviara al Congreso Local considerara algunos nombres. Incluso, proponían nombre y apellido de abogados.
La queja la hizo pública el funcionario estatal, pero ni el gobernador Graco, ni el secretario de gobierno, a quienes le han atribuido dotes de negociador parecidas a debilidad (Matías Quiroz), han dicho algo creíble sobre el origen de las diferencias que se han acrecentado al grado de llevarlas al terreno mediático, sin que nadie remedie esa descoordinación evidente y que ha creado grupos de poder en las dependencias en conflicto.
Este miércoles 29 de julio, en una sorpresiva declaración el comisionado acusó una fiscalía sin transparencia, donde persiste la opacidad, desde donde se mancha la estrategia de seguridad del líder gobernador de Morelos.
Fiscalía que aseguró, no ha transparentado la eficacia de las carpetas judicializadas; tampoco cuantos de sus elementos ha sido consignado por delitos que cometieron. “si nadie pide transparencia en la fiscalía yo si la pido”, dijo.
El enojo de Capella Ibarra, fue porque la fiscalía judicializó la carpeta de investigación contra el elemento del Mando Único, adscrito a la Unidad Especializada de Combate al Secuestro (UECS), detenido el pasado domingo por el delito de robo, pero liberado este martes por un juez de control que estableció no había elementos para responsabilizar al servidor público.
El martes, Ricardo Flores, director de Investigación y Proceso Penal, declaró a reporteros que judicializaban la carpeta contra el policía porque la descripción de las victimas sobre los criminales correspondía con las vestimentas que usaba el policía detenido cuando fue detenido junto con un acompañante.
La declaración generó la ira de Capella Ibarra al calificar de infame, perversa y dolosa la actuación de la fiscalía contra su elemento. Al grado de asegurar que hechos como ese manchan el esfuerzo del gobierno estatal.
Elemento que de acuerdo con un juez es inocente del delito que le imputaba la fiscalía. Pero parece no ser inocente de otras conductas. Por ejemplo, ¿qué hacia el elemento en estado de ebriedad, armado con una pistola y 17 cartuchos útiles?
El servidor público, en funciones de policía antisecuestro, había estado ingiriendo bebidas embriagantes en un bar de la Plazuela del Zacate, en la capital morelense, salió a determinada hora del bar con su acompañante de fiesta, se dirigieron al estacionamiento de las Plazas, en el mismo Centro Histórico, de dónde sacaron el auto para después dirigirse a calle Atlacomulco, donde finalmente fueron detenidos. En estado alcohólico portaba su arma asignada para su trabajo. No es una cosa menor pero desde luego existe una gran diferencia con el delito.
El caso del fiscal Rodrigo Dorantes Salgado tiene similitudes con el de Miguel Herrera, hasta ayer director técnico de la selección mexicana. Al Piojo Herrera, como le conocen en el ambiente del Futbol mexicano, no lo despidieron por haber agredido al comunicador deportivo de TVAZTECA de nombre Christian Martinoli, sino porque ya no conviene a la Federación Mexicana de Futbol (FEMEXFUT). Los últimos resultados en la Copa Oro, evidenciaron que no tiene control del futbol de los jugadores y que en general su rendimiento cayó, pero sobre todo, que ya no les genera las ganancias necesarias al negocio de las patadas.
El dilema para los dueños del futbol en México era: ¿Cómo lo despedimos? así encontraron el pretexto más oportuno para rescindir su contrato del técnico mexicano.
A Rodrigo Dorantes Salgado, le pasa lo mismo. El gobernador Graco Ramírez, no encuentra forma o argumento jurídico para deshacerse de él, más cuando el nombramiento del fiscal depende del Poder Legislativo.
No sería raro que Capella Ibarra, comisionado estatal de seguridad sea el “Martinoli” que provoque la caída del fiscal. En la historia persiste la duda sobre las verdaderas razones de un conflicto que tienen carácter institucional y legal. No reconocerlo es ocultar y violentar el derecho que tenemos los ciudadanos a la verdad. A que los funcionarios nos informen con verdad.