De la Redacción

CUERNAVACA, Mor., 20 de mayo.- La Comisión Independiente de derechos Humanos del Estado de Morelos (Cidhem), expresó su repudio y preocupación ante las aprobaciones de los congresos locales de Chiapas y Puebla, del uso de armas, tanto de fuego como no letales, por elementos policiacos a fin de replegar manifestaciones “ilícitas”.

El pasado 15 de mayo, el Congreso de Chiapas aprobó el Código de Uso legítimo de la fuerza pública ante movimientos, disturbios y protestas sociales, además avala el uso de armas no letales para dispersar manifestaciones violentas.

El 19 de mayo, el Congreso de Puebla aprobó la Ley para proteger los derechos humanos y que regula el uso legítimo de la fuerza por parte de los elementos de las instituciones policiales del estado, en la que se prevé la posibilidad de que agentes policiales utilicen fuerza letal durante manifestaciones públicas; también abre la puerta a detenciones arbitrarias.

En meses recientes, organizaciones civiles han denunciado la tendencia que existe, en todo nivel de gobierno, de aprobar leyes que pretender restringir los derechos a la libertad de expresión, manifestación, reunión y protesta social, informaron a través de un comunicado de prensa.

“Los contenidos de estas leyes violentan derechos humanos, los procesos legislativos para su aprobación han sido irregulares, apresurados y sin atender a las demandas de la sociedad civil respecto a la necesidad de discutir tales iniciativas de manera pública.

“Hemos señalado la ambigüedad en el uso de conceptos como paz pública, orden público, uso racional de la fuerza y manifestación violenta, entre otros, pues se prestan a la interpretación discrecional de las autoridades.

Ante estos hechos, las organizaciones de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT, conformada por 74 organizaciones en 20 estados del país) condenaron ambas aprobaciones, que “criminalizan el derecho a la protesta social en los estados de Chiapas y Puebla”.

Las organizaciones que forman parte de la Red TDT, con otras organizaciones y movimientos sociales, manifiestan que “la protesta social es un mecanismo legítimo de exigibilidad de derechos, por tanto el Estado tiene la obligación de proteger, respetar y garantizar su ejercicio, y está obligado a escuchar y buscar vías de solución a las demandas.

“Nos sumamos a la preocupación de activistas y defensores de derechos humanos que trabajan en los estados de Chiapas y Puebla, que han señalado que con estas nuevas leyes se pretende legalizar los atropellos que ya cometen las distintas fuerzas de seguridad pública y que generan un marco legal que posibilita las violaciones a los derechos humanos en el contexto de las manifestaciones públicas”.

Foto: Raúl Miranda

Por

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

El tiempo se ha agotado, debes dar refresh para cargar de nuevo