JUSTINO MIRANDA

CUERNAVACA, Mor., 18 de Febrero.- Desde hace tres años Morelos registra alrededor de 40 desapariciones forzadas, en su mayoría mujeres menores de edad; 15 de los casos ocurrieron en el gobierno actual y el resto, 25, se perpetraron en el último año de gobierno del panista Marco Adame Castillo, afirmaron familiares de personas desaparecidas,

Angélica Rodríguez, representante del grupo de víctimas de desaparición en el estado, dijo que en varios casos las jóvenes tuvieron como último contacto a sus novios o parejas y por lo tanto se infiere la participación del crimen organizado a través de ‘enganchadores’ de trata de blancas.

“Nosotras sólo conocemos de esos casos pero puede haber más. Ahora parece que para el narco el negocio de la trata de blancas es mas rentable”, dijo Angélica Rodríguez y remarcó que ante el crecimiento de la organización lograron tener reuniones mensuales con la Fiscalía General del Estado para darle seguimiento a casos concretos.

Rodríguez acompañó a los integrantes de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM) a entregar su iniciativa de Ley para prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar la desaparición forzada de personas para el Estado de Morelos.

La iniciativa fue entregada al legislador del PT, Héctor Salazar Porcayo, con el objetivo de agilizar su análisis en comisiones y presentarla ante el pleno legislativo.

Salazar admitió la dificultad de legislar la propuesta porque 10 de los 30 diputados solicitarán licencia al cargo para contender por otro cargo de elección popular en los comicios de junio venidero.

Juliana García Quintanilla, integrante de la CIDHM, explicó que uno de los puntos sobresalientes de la propuesta de ley es la declaratoria de “presunción de ausencia”, cuyo recurso legal, en caso de aprobarse, ayudaría a las familias que se quedan desprotegidas cuando el jefe de familia enfrenta la desaparición forzada.

Con este beneficio, abundó Angélica Rodríguez, varias familias podrían continuar con la búsqueda de sus familiares con mayor tenacidad ya que podrían tener acceso a las cuentas bancarias de las víctimas de desaparición.

“Sucede que en la mayoría de los casos las familias se quedan desprotegidos pero además las instituciones bancarias exigen la presencia física del cuenta-habiente o una carta-poder firmada por los desaparecidos, para realizar movimientos de sus cuentas”, lamentó Angélica Rodríguez.

 

José Martínez Cruz, también integrante de la CIDHM, urgió a los diputados a legislar al respecto para convertirse en el segundo estado, después de Coahuila, en aprobar esta Ley. Actualmente en el Distrito Federal se discute una propuesta similar, dijo.

Martínez dijo que el proyecto de Ley se elaboró con la participación de familiares de personas desaparecidas y consideraron los aportes históricos de quienes han luchado contra la desaparición forzada, así como las acciones realizadas por organizaciones defensoras de derechos humanos.

En el caso de la CIDHM, Martínez Cruz recordó que el origen de la organización es precisamente la desaparición de su compañero Jose Ramón García Gómez, primer desaparecido político en el sexenio del ex presidente Carlos Salinas de Gortari.

“No obviamos el hecho de que la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa y los miles en todo el país, ha originado una amplia movilización de protesta social en nuestro país y en diversas partes del mundo, así como importantes pronunciamientos y resoluciones de instancias y organismos internacionales donde el Estado Mexicano ha sido conminado a erradicar esta práctica y a legislar en la materia en todos los niveles de gobierno en el país”, expuso Martínez Cruz.

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