Por Leticia Villaseñor
Cuernavaca, Mor., 6 de marzo.- La audiencia intermedia por el delito de peculado en contra del exrector Alejandro Vera Jiménez, fue diferida porque la Fiscalía Anticorrupción pidió remover a la juez Nancy Aguilar Tovar, como responsable del proceso, por supuesto conflicto de intereses debido a que fue compañera de trabajo de uno de los abogados de la defensa.
El abogado defensor Christian Fragoso explicó que su colega César García, excompañero de Aguilar Tovar en una universidad, fue retirado del caso por lo que el argumento ya no es válido, pero la Fiscalía pidió dar trámite a su petición.
Vera Jiménez acusó que se trata de una trampa política para retardar uno de los juicios que pesan en su contra desde su gestión como rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), y enturbiar su candidatura a gobernador porque con este recurso serán los magistrados quienes determinarán si hay o no conflicto de intereses entre la juez y el exabogado defensor.
“El presunto conflicto de intereses quedó solventado al ser removido del caso el abogado César García, pero es una argucia legal a la que recurrió la parte acusatoria”, recalcó el nuevo defensor de Vera Jiménez.
La ley prevé que la próxima audiencia intermedia debe desahogarse en un máximo de 30 días pero ante la excesiva carga de trabajo, se han postergado de tres a cuatro meses, lo que aproxima el caso aún más a las elecciones que se realizarán el 1 de julio.
El abogado Fragoso advirtió lo anterior pero expuso que el periodo de las indagatorias se terminó por lo que la Fiscalía Anticorrupción no puede aportar ninguna prueba más al caso por peculado.
Sobre otros dos juicios en contra de su representado, dijo que éstos están suspendidos gracias a los amparos que le fueron otorgados.
La juez Nancy Aguilar Tovar pertenece a un grupo de jueces contrarios a la magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia, María del Carmen Verónica Cuevas López, y fue quien llevó el caso de seis policías acusados de homicidio en contra de un joven que se resistió a una revisión de rutina.
La juez dejó en libertad a los imputados por falta de pruebas científicas que omitió la Fiscalía General del Estado, como el hecho de no determinar la causa de muerte del joven a pesar de las múltiples fracturas que dictaminó el médico legista; tampoco sustentó cuál de los policías asestó el golpe mortal contra la víctima.
En contraparte ordenó una investigación interna contra la propia Fiscalía y la Comisión Estatal de Seguridad Pública, de la cual ninguna de las dos dependencias estatales ha dado cuenta.