Por Leticia villaseñor

Cuernavaca, Mor., 3 de noviembre.- Un conflicto legal que data de hace dos décadas, por la posesión de más de cinco hectáreas, se reavivó esta mañana en el poblado de Ahuatepec, al norte de la capital morelense, cuando la autoridad pretendió desalojar a cinco familias y las oficinas de la Ruta Económica 7, instaladas en terrenos comunales.

Las familias y los operadores de las rutas formaron un frente en común, ya que se organizaron e impidieron el desalojo e incluso el uso de una maquinaria pesada para echar abajo los portones.

Bloquearon varias calles a la redonda y congregaron a la población con el habitual uso de cohetes, que para los lugareños es la señal de alarma y de reunión.

La actuaria del Tribunal Superior de Justicia fue acompañada de dos unidades de la policía municipal pero al verse rebasados en número decidieron suspender el desalojo.

Guillermo Aldama Rojas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales del referido poblado, relató que Carlos Cruz Portugal “El torero”, se ostenta como el dueño de dichas tierras por lo que interpuso la demanda 38/2001, la cual ganó y pretende el desalojo de al menos cinco familias, en una primera etapa.

“El señor Cruz Portugal presenta escrituras de papeles de terrenos pero del municipio colindante de Tepoztlán, no de Ahuatepec, pero no sabemos cómo la autoridad le da la razón cuando la ubicación de los predios no coincide”, adujo.

El conflicto inició en el año 1995 cuando Cruz Portugal reclamó las tierras heredadas de Juana Castillo Luna, abuela del demandante, pero la mancha urbana alcanzó los terrenos de los que se ostenta como propietario y la mayoría de la superficie en litigio se ubica principalmente en la colonia Cerritos de García.

Sin embargo, según el comisariado, dichas tierras pertenecen a los 215 comuneros de Ahuatepec y su posesión la respaldan con un decreto presidencial que reconoce mil 600 hectáreas a favor de la comunidad.

Tal situación deja en entredicho la propiedad de al menos 300 familias y de la misma ruta 7, quienes compraron de buena fe, como el mismo comisariado admitió.

A su vez, el comisariado de Bienes Comunales interpuso un juicio en el Tribunal Unitario Agrario para exigir que se les regrese la posesión de la tierra.

“No podemos negociar con el presunto dueño, Cruz Portugal, porque el comisariado nos demandó a ambos, a pesar de que tenemos la cesión de derechos”, acusó Agustín López Jiménez, secretario de la ruta.

En la misma situación se encuentran las 300 familias que forman parte de la colonia Cerritos de García.

Guillermo Aldama asegura que el juicio, que lleva al menos cinco años y sólo está en espera de la sentencia, si bien reclama los predios “no es en detrimento de las familias”, aseguró.

Los vecinos aseguraron que esta es la tercera ocasión que la autoridad pretende desalojarlos pero advirtieron que se han organizado y defenderán su patrimonio “a costa de lo que sea”, advirtieron.

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