Por Oswald Alonso

Cuernavaca, Mor., 5 de noviembre.- La Fiscalía General del Estado sepultó de forma presuntamente irregular 105 cuerpos en una fosa común del municipio de Cuautla, al oriente del estado. Son cadáveres que durante años permanecieron sin identificar y que se acumularon en instalaciones del  Servicio Médico Forense (Semefo) de Jojutla y Cuernavaca.

Pero no es la única irregularidad, los funcionarios de la dependencia también depositaron en la fosa localizada en la comunidad de Tetelcingo, municipio de Cuautla, el cadáver de Oliver Wenceslao Navarrete, un joven plenamente identificado por su familia durante la integración de la carpeta de investigación.

Oliver, de 31 años de edad, fue secuestrado el 24 de mayo de 2013; su cuerpo apareció sin vida el 3 de junio en la barranca de los Papayos del municipio de Ayala, colindante con Cuautla. Casi un año estuvo en el Semefo pero sin argumento jurídico alguno fue depositado en una fosa al igual que 104 cuerpos más.

La única diferencia inexplicable del resto de los cadáveres es que los peritos que lo inhumaron lo identificaron colocándole una botella, en su interior están los resultados de los exámenes de ADN, también los resultados de su necropsia y muy claramente su nombre: Oliver Wenceslao Navarrete Hernández.

Fue  la única víctima de la violencia  identificada por las autoridades, sin embargo fue sepultado ahí en marzo de 2014.

María, madre de Oliver, reveló la existencia de la fosa clandestina  y las irregularidades con el cadáver de su hijo porque argumentó no se ha castigado a los funcionarios responsables.

Sus declaraciones abrieron un escándalo del tamaño de 105 cuerpos. El caso evidenció que los cuerpos fueron depositados en el panteón de la comunidad sin las autorizaciones de las autoridades municipales, el estado cubrió las violaciones a los protocolos de inhumación, ahora, por lo menos cinco funcionarios entre ellos la exfiscal regional, Liliana Guevara Monrroy, y la directora general de Servicios Periciales, Ana Lilia Guerrero Moreira.

En respuesta al escándalo por la fosa clandestina, el fiscal morelense Javier Pérez Durón dijo que se han iniciado procedimientos en la Visitaduría de la institución para deslindar responsabilidades.

 

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