Por Oswald Alonso

CUERNAVACA, Mor., 10 de Septiembre.- La mayoría de diputados decidieron ordenar una auditoria extraordinaria al crédito de 2 mil 800 millones de pesos autorizado al gobernador Graco Ramírez, el año pasado.

La queja de los diputados del PAN y PRI, principalmente, es que el gobernador no ha informado al Poder Legislativo en que se utilizaron los recursos públicos sobre todo cuando han informado públicamente que ya gastaron el 80% del crédito.

Los legisladores integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, coincidieron en la revisión y este miércoles presentaron la iniciativa durante la sesión del Congreso Local.

La aprobaron la mayoría de los diputados incluyendo los del PRD, solo Jordi Messeguer Galy,  hijo del secretario de gobierno, y dos más del PRD, emitieron su voto en contra.

La mayoría ordenó a la Auditoria Superior de Fiscalización (ASF), revisar el proceso de contratación de deuda, ejecución y comprobación del gasto a los créditos autorizados. Además  el pleno ordenó fiscalizar también el proceso de reestructuración de la deuda, que acumulada es de cuatro mil 184 millones 933 mil 348 pesos.

En el acuerdo de los integrantes de la comisión legislativa, argumentaron que a un año de haber autorizado un nuevo crédito,  y un refinanciamiento  a 18 años, la Secretaria de Hacienda de Morelos no ha enviado a los diputados un informe de la aplicación de los  millones de pesos.

La auditoria especial no solo incluye a la Secretaria de Hacienda, sino también a la Secretarías de Obras Públicas y Desarrollo Agropecuario, aunque, en la revisión podría extenderse a otra secretarias beneficiarias del crédito de 2 mil 800 millones de pesos.Dieron 30 días a la ASF para iniciar la revisión.

Durante la sesión de este miércoles, los diputados también ordenaron al Poder Ejecutivo, entregue al legislativo, los 500  millones de pesos que etiqueto en la aprobación del presupuesto 2014, para la construcción de una nueva sede parlamentaria.

Para  tener los 500 millones de pesos, el parlamento modificó el decreto 936 en el que se autorizó al Gobierno del estado a contratar el crédito, donde  programaba el proyecto de construcción del nuevo recinto legislativo, para ello, etiquetaron 500 millones de pesos.

Ahora modificaron el decreto y reasignaron  los 500 millones de pesos al Congreso Local. Su justificación es que el Ejecutivo no ha comprado el terreno, ni ha presentado el proyecto ejecutivo del nuevo recinto; menos ha lanzado la licitación pública.

 

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