Por Justino Miranda

CUERNAVACA, Mor., 10 de agosto.- Dos centrales obreras y el gobierno estatal conformaron un frente común contra las supuestas acciones de «intimidación» y «amenazas» realizadas por el dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores, Empleados, Transportistas y Obreros de la Construcción (Sinatrec), Eduardo Santillana Carpinteiro, para ser considerado en los contratos colectivos de trabajo del proyecto carretero Siglo XXI.

En conferencia de prensa, el gobernador Graco Ramírez, informó que en una acción paralela recurrirá a la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, para solicitar una investigación sobre el origen de los recursos que posee el Sinatrec, cuyo dirigente se desplaza por varios puntos del país a bordo de un helicóptero particular.

El gobernador denunció que las acciones de «presión» de Santillana Carpinteiro incluyen la retención del subsecretario de Gobierno, Omar de Lasse, por correligionarios del líder sindical para exigir una entrevista y obtener el compromiso oficial para que el Sinatrec sea considerado en los trabajos de construcción y acarreo que se generarán durante el plan carretero.

Otra de sus presiones, dijo el gobernador en conferencia de prensa, fue enviar a mujeres para iniciar una supuesta huelga de hambre en las puertas de palacio de gobierno, cuya acción -calificó- es propia del sindicalismo corporativista, chantajista y ajeno a la realidad social y político del país.

Vinicio Limón Rivera, dirigente en Morelos de la CTM, respaldó la postura del gobernador y afirmó que la acción del Sinatrec tiene como fondo desestabilizar al estado de Morelos. Sostuvo que reforzarán la petición para investigar el origen de los recursos del Sinatrec y dejó en claro que defenderán con «todo» el contrato colectivo de trabajo que comparten a partes iguales con el Nuevo Grupo Sindical (NGS) del estado de Morelos.

El dirigente de este gremio obrero, Bulmaro Hernández Juárez, afirmó que Sinatrec nunca ha trabajado en Morelos, y canceló toda posibilidad de compartir el contrato colectivo porque «ya están firmados los contratos ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje».

 

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