Por Leticia Villaseñor
Cuernavaca, Mor., 23 de febrero.- La Confederación Internacional de Morelenses en el Extranjero solicitó a autoridades federales el cese del cónsul en la ciudad de Charlotte, en el estado de Carolina del Norte, Estados Unidos, por sus omisiones en el caso del morelense asesinado en septiembre pasado en esta ciudad, a la vez que denunciaron la nula intervención en el caso del senador Miguel Enrique Lucia Espejo.
Pablo Antonio Castro Zavala, presidente de dicha organización, dio a conocer que la semana pasada se reunieron con la senadora Layda Sansores San Román, quien preside la comisión de Asuntos Migratorios, para su intervención en el asesinato de Rubén Gerardo Galindo Chávez, de 29 años y oriundo de Coatlán del Río, un municipio del estado de Morelos, quien perdió la vida a manos de dos policías de dicha ciudad.
También manifestó que los senadores por Morelos Lisbeth Hernández Lecona y Fidel Demédicis Hidalgo, presidentes de la Comisión Especial para la atención y seguimiento al caso de la empresa Oceanografía, SA de CV y de Desarrollo Rural, respectivamente, someterán como punto de acuerdo en el Senado la exigencia para que las autoridades de la ciudad de Charlotte den respuesta a los señalamientos hechos contra sus agentes por la muerte del mexicano.
Asimismo, recriminaron el nulo interés del caso del recién nombrado senador Lucia Espejo, quien suplió desde el pasado 7 de febrero a Rabindranath Salazar Solorio en la comisión de Relaciones Exteriores Europa.
“Miguel Lucia no quiso recibirnos y no atendió el caso bajo el pretexto de que a él sólo le competen los asuntos europeos. Además, unos de sus allegados, Federico Radas, nos respondió que el senador no estaba interesado en el caso”, acusó Castro Zavala.
La Confederación de Morelenses pidió apoyo al secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso para que gire instrucciones e inicie una investigación contra el cónsul honorario Wayne Cooper, de origen estadounidense, quien ostenta el cargo desde 1981.
Pablo Castro explicó que el pasado 12 de febrero, tanto las autoridades de Charlotte como su departamento policiaco enviaron un reporte a la SRE sobre los hechos del 6 de septiembre, donde aseguraron que dispararon contra Rubén Gerardo al sentirse amenazados por éste, reporte que apelarán al contraponerse con los videos de seguridad de las mismas patrullas, donde se ve al morelense salir de su domicilio con las manos en alto y un teléfono celular en una de ellas, y de inmediato fue abatido por los oficiales J. Guerra y C.A. Suggs, quienes fueron suspendidos con goce de sueldo por el presente caso.
Además de la apelación, la familia y la confederación exigen a la ciudad de Charlotte y al departamento de Policía una indemnización económica por la muerte del joven y una investigación que lleve tras las rejas a los responsables.
El 6 de septiembre pasado, Rubén Gerardo llamó al número de emergencias 911 para entregar un arma de fuego que adquirió por petición de su padre, a quien presuntamente se la enviaría hasta el poblado de Coatlán del Río.
El joven, quien permanecía en los Estados Unidos como ilegal prefirió reportar y entregar el arma a la policía, por lo cual llamó al número de emergencias.
Presuntamente el idioma fue la principal barrera de entendimiento entre la propia asistente telefónica, los policías y la víctima.