Por Oswald Alonso
CUERNAVACA, Mor., 02 de julio.- La fracción parlamentaria del PRD, insistió en promover la desaparición de la Auditoría Superior del Congreso local, cuyo titular es el exdirigente del PRI estatal, Luis Manuel Velázquez González.
Este miércoles, el legislador Jordi Messeguer presentó una iniciativa de modificación constitucional que crea el Tribunal de Cuentas con tres auditores, cada uno vigilará a los poderes del estado.
El pasado 29 de mayo, la diputada perredista Lucía Meza intentó desaparecer la institución al argumentar que, prácticamente, la auditoría es obsoleta y debe sustituirse de manera urgente para ser eficaz en el control y revisión de las cuentas públicas de las diversas entidades gubernamentales.
Pero sus homólogos del PRI y PAN frenaron la sesión en el Congreso local donde el PRD pretendía se aprobara la iniciativa de reforma constitucional para desaparecer la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF) y suplirla por un nuevo órgano, pero sin el actual titular Luis Manuel González Velázquez, acusado de violar la ley al tener una militancia activa en el PRI.
“No hay claridad sobre su Informe de Resultado, ni sobre los procedimientos disciplinarios que ventila ante sí; no hay resultados sobre las denuncias penales que ha presentado ante la Fiscalía General del Estado, ni información verídica de por qué no se ha procedido contra funcionarios públicos, que el ‘vox populi’ tacha de deshonestos y poco transparentes”, argumentó la coordinadora de los diputados del PRD aquel 29 de mayo.
Ahora el diputado Messeguer Galy, hijo del secretario de Gobierno, propuso un nuevo órgano de fiscalización diferente al de su coordinadora. Puso en la mesa de la discusión la creación de un órgano colegiado con autonomía presupuestal, de gestión y de decisiones.
Se llamaría Tribunal de Cuentas, manejado por tres auditores, cada uno revisaría las cuentas públicas para un mejor manejo y control de la gestión financiera del Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial; un Consejo de Transparencia, también vigilaría la transparencia de los tres auditores. “No será un tribunal sancionador”, dijo el legislador.