Por Oswald Alonso
CUERNAVACA, Mor., 11 de noviembre.- La consejera política nacional del PRD, Catalina Ríos, mejor conocida como “La jefa” de Emiliano Zapata, dijo haberse presentado este martes a la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR), para ponerse a disposición de las autoridades federales y someterse a investigación “porque el que nada debe, nada teme”, dijo en conferencia de prensa.
Elegante como siempre, la perredista anunció que como se lo pidió su partido, entregara al PRD una lista de sus bienes producto de 20 años de trabajo y, anunció que pese a acusaciones de enriquecimiento inexplicable, además de vínculos con el crimen organizado, buscará ser diputada local por el distrito que comprende por lo menos tres municipios de la zona conurbada, cuya zona concentra las colonias más violentas del estado de Morelos.
Catalina Ríos, esposa del exedil de Emiliano Zapata, Alberto Figueroa, negó vaya a solicitar licencia al cargo de consejera nacional del PRD, al argumentar que le ha costado mucho esfuerzo ganarse un lugar dentro su partido. Incluso, afirmó que ella habría aportado una cuarta parte de los votos que llevaron a José Luis Correa Villanueva a la presidencia del PRD en Morelos. El mismo Correa Villanueva, el lunes, confirmó haberse aliado con el grupo político de “La jefa”.
El lunes, el periódico el universal publicó un reportaje donde refiere investigaciones de la PGR contra la perredista y su esposo por enriquecimiento inexplicable y haberse aliado con el crimen organizado. Incluyen al actual edil de Emiliano Zapata.
“no tengo necesidad de involucrarme en nada ilegal”, dijo la perredista en su defensa y agregó que es empresaria desde hace 20 años. Tengo, dijo, una casa de materiales conocida en el municipio, que le vende materiales a varios ayuntamientos.
Por su parte, Cipriano Sotelo Salgado, abogado particular de “La jefa”, confirmó que existen dos actas circunstanciadas en la PGR contra su cliente, producto de dos denuncias anónimas, la primera por enriquecimiento ilícito, y la segunda, por vínculos con el crimen organizado.
Respecto a la primera investigación, informó que el año pasado supieron de la intervención de la PGR ya que, una unidad de la Policía Federal Ministerial (PFM), realizaba una inspección a las afueras de la casa de del matrimonio. Entonces, dijo el abogado, por medio de un juicio de amparo pudimos saber que investigaba la PGR; pero se trata, recalcó, de denuncias anónimas sin argumentos de prueba.