Por Oswald Alonso
Cuernavaca, Mor., 21 de noviembre.- El colectivo de familias de desparecidos en México acusaron al gobierno del estado de negarse a transparentar la investigación para identificar a los cuerpos sin vida que fueron depositadas presuntamente de manera irregular en la fosa común de Tetelcingo, en la región oriente de Morelos.
Las familias de desaparecidos de siete estados del país, se reunieron este viernes con el secretario de gobierno Matías Quiroz Medina, a quien exigieron que un comité científico de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), realice la exhumación de los cadáveres depositados en la fosa para su identificación.
Los científicos de la universidad realizarían las pruebas genéticas para compararlas con familias de desaparecidos de Morelos y de otros estados del país. Creen que en la fosa puede haber desaparecidos de otros estados como por ejemplo de Guerrero, por su cercanías con la entidad.
Javier Sicilia, del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, relató que después de nueve horas de negociación con Matías Quiroz Medina y el fiscal morelense Javier Pérez Durón, se negaron a firmar el acuerdo para que la universidad fuera coadyuvante en la identificación humana a petición del Colectivos de Organizaciones de familiares de Desaparecidos.
En el encuentro, dice Javier Sicilia, las familias “hicieron una serie de demandas concretas respecto de las fosas clandestinas de la Fiscalía. Enseguida se abrió un espacio para que las familias consensuaran los acuerdos a los que se comprometía el gobierno del estado. En ese momento, los funcionarios del gobierno se retiraron para permitir la discusión entre las familias. «Creímos que esperarían para conocerlas y luego firmarlas de común acuerdo”, expresó.
Sin embargo, asegura que de manera silenciosa los funcionarios se fueron antes de las 2:00 horas sin firmar los acuerdos pero dejaron a tres funcionarios menores para limitar y cambiar el sentido de los acuerdos.
En conferencia de prensa, el rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, quien encabezó directamente las negociaciones, dijo que la negativa del gobierno a firmar acuerdos para que la universidad intervenga en investigación de la fosa es una muestra de indolencia e insensibilidad del gobierno estatal.
Dijo además que es una muestra irrefutable de que el gobierno esconde algo en la fosa, por eso anunció que pedirán a la Procuraduría General de la República (PGR), atraiga la investigación porque se trata de identificar personas ante la demanda de víctimas.
En la reunión del viernes, Matías Quiroz Medina dijo que sería respetuoso de las demandas de las víctimas y que la fiscalía morelense se pondría a disposición para que las organizaciones hicieran llegar al ministerio público sus solicitudes para que la UEAM fuera coadyuvante en la investigación.
Según Vera Jiménez, Javier Sicilia y familiares de desaparecidos, ya se había acordado que la Fiscalía General del Estado se comprometía a realizar de manera inmediata las gestiones necesarias para tener por acreditada la coadyuvancia de la UAEM a favor de todas y cada una de las víctimas que tengan o puedan tener relación con las carpetas de investigación relacionadas con las fosas clandestinas localizadas en el Estado de Morelos.
Además de comprometerse a aceptar la colaboración de la UAEM para la investigación de los procedimientos que se llevaron a cabo en la inhumación de los cuerpos, la revisión del estatus jurídico de las carpetas de investigación, la exhumación de los cuerpos y las práctica de exámenes genéticos y de cualquier peritaje o diligencia que tenga como objetivo esclarecer los hechos relacionados con la determinación del número de cuerpos y la identificación de los mismos.
El poeta Javier Sicilia reclamó que incluso ya estaba el acuerdo para que la Fiscalía se compromete a que, en los peritajes que realice la UAEM, no involucrará la participación de peritos o expertos que tengan ligas con las autoridades estatales en los últimos 10 años o que puedan incurrir en conflictos de intereses.
También, acusó Sicilia, existía el compromiso de realizar todas las gestiones y diligencias necesarias para obtener la comparecencia del exfiscal Rodrigo Dorantes Salgado, hoy delegado de la PGR en Durango, y demás funcionarios que pudieran estar involucrados en los hechos investigados, se hará los procesos legales.
Otro de los acuerdos que según no se quiso respetar es el relacionado al compromiso del gobierno para costear los gastos de todas las acciones e investigaciones que realice la UAEM, tal y como lo establece la Ley de víctimas del estado de Morelos y la federal.
Y además, garantizar de inmediato la integridad personal de los integrantes de la familia de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, familia que dio a conocer la existencia de la fosa con más de 100 cadáveres.