Por Oswald Alonso
CUERNAVACA, Mor., 28 de Agosto.- La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, dictaminó que en el Gobierno del Estado Morelos existe una descoordinación entre instituciones para prevenir la violencia contra la mujer, no destina recursos económicos y para rematar, la mayoría de las carpetas de investigación se encuentran inconclusas por la incapacidad de las fiscalías.
El informe del grupo de expertos que atendió la solicitud de Alerta de Genero hecha por organizaciones civiles defensoras de derechos humanos, se dio a conocer este jueves y ss conclusiones plantean prácticamente un desastre en las áreas que tienen que atender el fenómeno de la violencia y aplicar políticas públicas.
En las conclusiones dicen por ejemplo que de la información analizada por el grupo de trabajo, se observa que la mayoría de los casos de feminicidio reconocidos por el estado de Morelos, ocurridos en el periodo de 2000 a 2013, se encuentran inconclusos.
En consecuencia recomiendan adoptar todas las medidas que sean necesarias, por parte de las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia para garantizar que se investiguen y resuelvan con la debida diligencia y en un plazo razonable. Recomiendan que en las investigaciones enviadas a la reserva temporal sean reaperturadas.
En el rubro de capacitación perciben que las capacitaciones no son eficientes, no tienen planeación, ni mecanismos de seguimiento y de evaluación por lo que pide diseñar mecanismos de seguimiento y evaluación tanto de las personas que imparten la capacitación, como de las personas que la reciben.
Juzga que a pesar de que el gobierno reportó la existencia de protocolos de investigación de delitos cometidos en contra de las mujeres, existe desconocimiento de los mismos de los funcionarios encargados de procuración de justicia, lo que impide su adecuada aplicación.
Además agrega: “El grupo de trabajo observa que las instancias encargadas de brindar atención a las mujeres víctimas de violencia (Dirección General de Asesoría Social y Auxilio a Víctimas, DIF, centros de salud, policía estatal y municipal, entre otras) no cuentan con protocolos de atención y rutas críticas claras que les permitan identificar, por una parte, sus propias funciones con respecto a este tipo de casos, y por otra, qué instancias son las competentes para la canalización adecuada de las víctimas”.
El documento firmado por especialistas dice que deben en el gobierno institucionalizar los procesos de atención a las mujeres víctimas de violencia en todas las instancias del estado, a fin de que aquella no quede a la discreción del personal.
Para ellos deben diseñar rutas críticas de actuación claras, y con responsabilidades definidas, susceptibles de evaluación periódica, a fin de facilitar la adecuada atención y canalización de las víctimas y sus familiares.
Observaron que, en un número importante de casos de feminicidios, el agresor es la pareja o ex pareja sentimental de la víctima, ello sugiere la necesidad de un plan de reforzamiento de atención a la violencia contra las mujeres que permita una mejor atención a las víctimas desde sus primeras manifestaciones y la prevención de un escalamiento de la violencia familiar hasta la violencia feminicida
Proponen la implementación de un Modelo de Atención Único para las Dependencias que Integran el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia en el Estado de Morelos.
Al revisar las instituciones detectó la existencia en el sector salud del Programa de Prevención y Atención de Violencia Familiar y de Género que cuenta con la estrategia de los grupos Convivemh, que incluye el trabajo con víctimas y agresores.
Sin embargo, consideran que un solo programa no es suficiente para intervenir de manera eficaz en la re-educación de las personas agresoras de mujeres, para lograr la prevención y erradicación de la violencia contra las mismas. En este sentido, sostienen la necesidad de crear un programa estatal en coordinación con los municipios de la entidad.
“El grupo de trabajo observa que si bien existen diversas acciones encaminadas a reconocer como una política de Estado la reparación del daño, en ninguno de los casos de feminicidios reconocidos por el estado de Morelos se ha otorgado la reparación integral del mismo”, cita parte del texto.
Para garantizar la reparación de daño, observa la necesidad de fortalecer las acciones realizadas por el estado de Morelos tendientes a reparar a las víctimas de violencia feminicida pero para ello hacer adecuaciones administrativas y legislativas que garanticen la reparación integral del daño conforme a la leyes en la materia sobre todos en los casos de feminicidios reconocidos por el estado.
Pero no es todo. Identificaron que la inexistencia de una articulación entre las distintas instituciones encargadas de la prevención, atención, investigación y sanción de la violencia contra las mujeres.
“resulta preocupante la desarticulación entre las distintas fiscalías pertenecientes a la Fiscalía General del Estado de Morelos. Lo anterior, repercute en el registro de casos de feminicidios y en la prevención e investigación de la violencia de género, así como la sanción de sus responsables”, dice el informe del grupo de trabajo que atendió la solicitud de alerta.
Para revertir la desarticulación aconseja diseñar mecanismos de articulación entre las distintas Fiscalías para registrar los tipos de violencia que las mujeres sufren para garantizar debidas diligencias en la prevención e investigación de los casos de feminicidio.
Observó que no se sistematiza la información de casos de violencia contra las mujeres ni tampoco se alimenta o actualizan el sistema de información. Describió que si bien el Instituto de la Mujer del estado de Morelos (IMEM), es responsable del Banco de datos sobre Caso de Violencia contra la Mujer, no recibe información de las instancias encargadas de la atención y procuración de justicia de las mujeres víctimas de la violencia lo que se agrava más debido a que no cuentan con la infraestructura material y de recursos humanos para cumplir con dicha obligación. En este sentido, consideran que el banco de información estatal sea único con datos actualizados.
También dice que está ausente el registro de órdenes de protección y la falta de implementación de las mismas por parte de las autoridades facultadas para tal efecto. Por lo que, juzga conveniente dictar órdenes de protección en casos en los que exista un riesgo de daño a las mujeres víctimas de violencia realizando un análisis de riesgo con medidas idóneas con un mecanismo de seguimiento.
En una de las conclusiones habla de los efectos que crean los medios de comunicación: “Este grupo considera que la forma en la que los medios de comunicación en el estado de Morelos abordan el tema de la violencia contra las mujeres, contribuye a la reproducción de una cultura que favorece la desigualdad de género y la violencia”.
“Lo anterior ocurre a través de la invisibilización, naturalización y justificación de la violencia ejercida en contra de las mujeres, así como de la reproducción de estereotipos y prejuicios relacionados con la materia”, critican las conclusiones.
Al respecto, le exige al gobierno acciones para sensibilizar a los medios de comunicación del estado en materia de género, derechos humanos, respeto a las víctimas y violencia contra las mujeres, para ello, le propone elaborar lineamientos para la incorporación de la perspectiva de género en la labor de los medios de comunicación y que éstos sean difundidos y promovidos.
El órgano que realizó las recomendaciones a propósito de la solicitud de alerta por el número de feminicidios en Morelos estuvo conformad por: Pablo Navarrete Gutiérrez, representante del Inmujeres, Gretha Jimena Vilchis Cordero, representante de la Conavim, Aurora Ivonne Velasco Rotunno, representante del IMEM, Isabel Montoya Ramos, representante del Instituto Nacional de Ciencias Penales, Nelson Arteaga Botello,representante de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, e, Irene Casique Rodríguez y Roberto Castro Pérez, representantes del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Critica al área de comunicación social del gobierno al señalar que las campañas para dar a conocer los derechos humanos de las mujeres y las niñas en la entidad, tienen mensajes que podrían reproducir estereotipos de género. Y exige: “ crear modelos de comunicación externos (dirigidos a la población en general) e internos (dirigidos a las funcionarias y funcionarios en todos los niveles del sector público) que permitan concientizar en perspectiva de género”. Además crear campañas con mensajes claros con el ciclo de la violencia, la visibilización de la misma, sus tipos y modalidades.
La infraestructura con la que cuenta actualmente es insuficiente para atender los casos de violencia, pues las instituciones no tienen suficiente presupuesto, ni recursos humanos o materiales, por lo que los servicios no se prestan correctamente, es otra de las conclusiones.
Recomienda asignar partidas presupuestales a programas de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.